Pinochet en el Siglo XXI: muerte y renacimiento

Por Alejandra Matus
El arresto de Pinochet en Londres, en octubre de 1998, fue un evento fuera de lo imaginable en la constreñida transición chilena. Ese acto cambió el país, el discurso político, el discurso judicial y el discurso de los medios de comunicación, por mencionar los más evidentes. El pinochetismo empezó un sostenido declive hasta que, al comenzar el nuevo siglo, parecía reducido a un puñado de extravagantes personajes. Sin embargo, contra todo pronóstico, la misma globalización que lo hirió de muerte, parece querer traerlo de vuelta.

El Diario La Época nacido en los 80 para cimentar el retorno a la democracia publicó su última edición el 24 de julio de 1998. El equipo periodístico abandonó las destartaladas oficinas en calle Serrano, con la impotencia de no haber podido reportear la noticia para la que habían escrito durante más de una década: el arresto de Pinochet.

La Época, que soñaba con ser como el prestigioso El País de España, fue el último de los medios nacidos al fragor de la lucha política por derrocar a Pinochet que dejó de circular en democracia.

El 16 de octubre de ese año Pinochet fue arrestado en Londres y la sorprendente noticia, irónicamente, fue publicada en Chile al día siguiente por los medios de las dos únicas cadenas autorizadas a seguir circulando después del Golpe de Estado, en 1973: El Mercurio y La Tercera. El primero tituló con la tibia frase: “Retenido Pinochet en Londres” y, el segundo, dando cuenta inmediata de la protesta del gobierno chileno, con un alarmante: “Revuelo por detención de Pinochet”.

Ninguno de esos periódicos se atrevió a citar en portada los cargos por los que el juez Baltasar Garzón había solicitado su aprehensión: “genocidio”, “terrorismo internacional”, “torturas” y “desaparición de personas”.

Para ser justos, en Chile, en 1998 Pinochet estaba por encima de cualquier reproche penal y esas palabras, si bien podían asociarse atenuadas y con resolución judicial mediante respecto del exdirector de la DINA, Manuel Conteras, no se ligaban a su apellido en casi ningún medio. Era el resultado de los ejercicios de enlace, de la justicia intervenida por el exdictador, de las leyes que restringían la libertad de expresión, y de los pactos de la transición, entre otros factores. Hasta La Nación, que a comienzos de los 90 había competido cuerpo a cuerpo con La Época por la cobertura de los juicios por violaciones a los derechos humanos, tras la llegada de Eduardo Frei Ruiz-Tagle a la presidencia había orientado su línea editorial principalmente hacia el periodismo deportivo.

Las principales noticias de esos años eran los numerosos tratados de libre comercio que Chile suscribía con países u organismos multilaterales, el crecimiento económico que motivaba la discusión de si Chile se había convertido en el Jaguar de Latinoamérica, y el triunfo de Marcelo Ríos en el tenis mundial.

A comienzos de 1998, Pinochet había abandonado la comandancia en jefe del Ejército y se había convertido en senador vitalicio, aunque asistía poco a las sesiones del Congreso, para no encontrarse con los molestos diputados que lucían fotografías de detenidos desaparecidos en señal de protesta. Pero si no iba, ni se enteraba del rechazo ni de las presentaciones judiciales de los familiares de las víctimas.

EL ERROR DE TORRES

Las causas contra Pinochet en España comenzaron por varias avenidas distintas: una demanda de la familia del diplomático Carmelo Soria, asesinado en 1976, que intentaba evitar que se declarara prescrito y que fue consecuencia de una resolución de la Corte Suprema chilena que le aplicó la Ley de Aministía; otra querella del sacerdote Antonio Llidó, desaparecido en 1974; y las investigaciones por la Operación Cóndor.

Las noticias llegaron a Chile como un eco lejano y se presentaron como las acciones sin destino de los familiares de las víctimas y que probablemente no encontrarían ninguna acogida en la justicia internacional.

Ninguno de esos periódicos se atrevió a citar en portada los cargos por los que el juez Baltasar Garzón había solicitado su aprehensión: “genocidio”, “terrorismo internacional”, “torturas” y “desaparición de personas”.Para ser justos, en Chile, en 1998 Pinochet estaba por encima de cualquier reproche penal y esas palabras, si bien podían asociarse atenuadas y con resolución judicial mediante respecto del exdirector de la DINA, Manuel Conteras, no se ligaban a su apellido en casi ningún medio.

El Auditor General del Ejército, Fernando Torres Silva, personaje que se constituyó en un rostro de televisión de fines de los 80, cuando perseguía con poderes plenipotenciarios a militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y a la Vicaría de la Solidaridad, se había convertido en asiduo visitante de los Pinochet, una vez recuperada la democracia.

Pinochet tenía una invitación a Londres y Lucía Hiriart quería acompañarlo. Mientras gobernaban, casi no habían podido hacerlo, y era un anhelo siempre insatisfecho para ella. De hecho, desde 1990 es cuando el matrimonio más viajó. En 1992, pasaron unas vacaciones de lujo en Sudáfrica y a Inglaterra habían ido en cinco ocasiones antes del arresto. Pero entonces no había ningún juicio en su contra ni dentro, ni fuera de Chile.

Para tomar precauciones, se encomendó a Torres que viajara a España. En 1997, el militar intentó persuadir a Garzón de que las acusaciones en contra del general no tenían fundamento y que eran intentos revanchistas de militantes de izquierda. Aparentemente, creyó que había convencido al juez y de regreso en Chile le dijo a los Pinochet que no había de qué preocuparse. El general viajó con pasaportes diplomáticos concedidos por la cancillería chilena, solo por las dudas, pero no temía.

Paradójicamente, la falta de diversidad en las pautas informativas de los medios locales contribuyó a fortalecer esa falsa seguridad. Pocos notaron que el mundo había cambiado y que los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia estaban fortaleciendo los conceptos de justicia internacional para los delitos de lesa humanidad.

La noticia de las vacaciones de Pinochet en Londres se publicó como miscelánea y así se enteraron Amnistía Internacional y el abogado Joan Garcés, quien a nombre de los querellantes en España, pidió al juez Garzón que ordenada su captura para que compareciera en los juicios en España. Garzón le dio curso expedito y dio instrucciones a la Interpol. Oficiales de la Scotland Yard se presentaron en la London Clinic casi a la medianoche del 16 de octubre y le informaron a un escolta del convaleciente Pinochet que su jefe estaba arrestado y le ordenaron abandonar las dependencias. Ahora, ellos estaban a cargo.

No fue sino hasta la mañana siguiente que el embajador Mario Artaza obtuvo autorización para que le levantaran la incomunicación y el detenido pudiera hablar con su familia.

Ese día, Lucía Hiriart relató lo sucedido ante un grupo de periodistas y seguidores: “He querido venir hasta aquí para cumplir con ustedes y decirles que me siento terriblemente mal, tanto de salud como de mis fuerzas y mi mente. Difícilmente podría contestar preguntas. Les rogaría que no me sacaran fotos, porque estoy viendo puntos amarillos”.

Ese día, Lucía Hiriart relató lo sucedido ante un grupo de periodistas y seguidores:

“He querido venir hasta aquí para cumplir con ustedes y decirles que me siento terriblemente mal, tanto de salud como de mis fuerzas y mi mente. Difícilmente podría contestar preguntas. Les rogaría que no me sacaran fotos, porque estoy viendo puntos amarillos. En estos momentos en que me embarga la angustia después de haber pasado días muy tristes, me dirijo a ustedes para agradecerles el apoyo comunicacional dado. La salud de mi marido ha tenido un lento progreso debido al momento que está viviendo. Sobre la situación legal no puedo ni debo pronunciarme. Mi confianza en Dios y la Virgen es inmensa y nunca la he abandonado. A ellos les pido volver lo más pronto posible”.
Inmediatamente, el gobierno de Chile comenzó una campaña para evitar que Pinochet fuera enviado a España, invocando primero el principio de no intervención en los asuntos internos de un país soberano y, más tarde, la salud de Pinochet que ya tenía 82 años.

La sociedad chilena volvió a dividirse en dos bandos. Por un lado, los opositores a su régimen y víctimas de violaciones a los derechos humanos, celebraban públicamente la noticia, y numerosos de ellos hicieron el esfuerzo para apostarse fuera de la clínica a manifestar su apoyo a la medida judicial, día y noche. Por otro, los defensores de su régimen y legado, incluyendo las figuras políticas más importantes de la derecha, se comprometieron en una continua peregrinación. Personajes como Evelyn Matthei e Iván Moreira hicieron estridentes llamados a boicotear y a romper relaciones con Inglaterra y España, e incluso se organizaron para depositar basura afuera de sus embajadas.

La prensa tradicional siguió los detalles del caso dando amplia cobertura a las posturas oficiales y desestimando el valor judicial del proceso español, pero lenta e inevitablemente, comenzaron a agrietarse las barreras informativas. Se hizo imposible ignorar a Joan Garcés y a Baltazar Garzón y los casos por los cuales se le había abierto causa de Pinochet en Londres. El vacío informativo de la prensa chilena podía suplirse leyendo El País a través de internet que comenzaba lentamente a masificarse. Los canales de televisión enviaron corresponsales a cubrir los avatares del caso y los despachos de Mónica Pérez, entre otros, remecieron la escena local. La irreverencia de The Clinic sacudió los circunspectos años noventa. Se le perdió el respeto a Pinochet.

EL INFARTANTE JUICIO INGLÉS

Los abogados de Pinochet reclamaron por su detención ante el Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido, que acogió su argumento (y el del gobierno chileno), en cuanto a que debía ser liberado pues, en su calidad de exjefe de Estado, gozaba de inmunidad. Pero la decisión no alcanzó a concretarse, pues la fiscalía británica, representando a la justicia española y a la sociedad de su país, apeló y llevó el caso a la Cámara de los Lores. El avión de la Fach que esperaba para trasladarlo a Chile en cuanto fuera posible no pudo despegar.

Paralelamente, se inician casos contra Pinochet en Bélgica, Francia y Suiza, que eventualmente también podrían solicitar su extradición y se preparaban otros en Italia, Luxemburgo, Noruega, Suecia y Estados Unidos.

La familia Pinochet lloraba sus miserias y comenzaron campañas para recaudar fondos entre grandes empresarios chilenos, destinados a costear la defensa legal y el millonario costo de su estadía.

El Comité Judicial de la Cámara de los Lores anuló la resolución anterior y por tres votos contra dos declaró que Augusto Pinochet no gozaba de inmunidad procesal y que podía ser extraditado a España por cargos de genocidio, terrorismo y tortura. La decisión final quedaba en manos del ministro del Interior británico, Jack Straw. La noticia, que fue celebrada en Chile, en Inglaterra y en España por quienes habían sido opositores a la dictadura, intensificó las campañas en su defensa. Los partidos de derecha y sus principales figuras presionaron a Frei a comprometerse con mayor ahínco en el rechazo a las decisiones judiciales en Europa, con el argumento de que atentaban contra la soberanía nacional.

Joaquín Lavín, ya en calidad de precandidato presidencial, visitó al Papa para pedirle que interviniera. Ricardo Lagos, que también competiría por la primera magistratura, defendió el “mejor derecho” de Chile a juzgar a Pinochet y se intensificaron las gestiones “diplomáticas” para conseguir derribar el caso tanto en España, como en Inglaterra. La ex Primera Ministra británica, Margaret Thatcher, se involucró en la defensa del dictador chileno, sacando a la luz el apoyo que Chile le había dado a su gobierno durante la Guerra de las Malvinas.

En Chile, el caso de la caravana de la muerte, que se había iniciado en Chile en enero de 1998, antes del viaje de Pinochet a Londres, comenzó a aparecer en la prensa. The Clinic se daba banquete con cada bizarro detalle del caso.
En enero de 1999, se anuló el primer fallo de la Cámara de los Lores, porque la defensa de Pinochet logró cuestionar la independiencia de uno de los magistrados, cuya esposa había trabajado en Amnistía Internacional.

Pinochet, una vez recuperado de la operación a la hernia lumbar, se trasladó a una lujosa mansión en Virginia Waters, por la que la Fundación Pinochet pagaba solo en arriendo y seguros 12 mil dólares mensuales. La vida para ellos era, sin embargo, un pequeño infierno. A pesar de su amplitud, el primer piso de la casa estaba copado por los policías británicos que custodiaban al detenido día y noche y había cámaras en todos lados, salvo en dormitorios y baños.

Pinochet se puso sentimental y llorón e irritaba con su debilidad a su mujer.

Mientras en Chile avanzaba la carrera presidencial para suceder a Frei, la Cámara de los Lores, compuesta por nuevos magistrados, ratificó que Pinochet no gozaba de inmunidad y el ministro Straw autorizó, en una primera instancia, que se iniciara el juicio de extradición, que se fijó para septiembre. Tras las audiencias públicas, que fueron televisadas por la prensa chilena e internacional, la justicia británica resolvió finalmente que la petición de Garzón era procedente y la ejecución de la extradición volvió a manos del Primer Ministro Straw.

El gobierno de Frei Ruiz-Tagle estaba empeñado en impedirlo y comenzó una nueva estrategia, que cambió el eje de la soberanía, por el de la precaria salud del general. ¿Qué tal si moría en Inglaterra?, se advirtió al gobierno británico, que accedió a practicarle exámenes médicos.

Bajo cuerdas, el gobierno negociaba con los Pinochet que, si vencían y lograban traerlo a Chile, tendría que cumplir varias condiciones: la principal, era que debía renunciar a su calidad de senador vitalicio y abandonar la vida política.

La estrategía surtió efectos y Straw, en marzo de 2000, ya bajo el gobierno de Lagos en Chile, resolvió liberarlo por estimar que su estado de salud no le permitiría enfrentar un juicio.

El 10 de marzo de 2000, la pareja regresó a Chile en un avión especialmente enviado por el Ejército. Cuando llegó la hora de bajar, Pinochet se resistía a subirse a la silla de ruedas. “No, no, no. Perdóneme, yo voy a llegar a Chile ¡Y voy a llegar parado!”, le decía a sus abogados. Su mujer tuvo que intervenir para convencerlo. Pinochet obedeció, inicialmente, pero más tarde se rebeló. Apenas la silla de ruedas había avanzado unos metros en la losa del aeropuerto, se puso de pie y levantó los brazos en señal de triunfo. Estaba dichoso. Lucía Hirart, no. De inmediato notó que el Ejército no les tenía preparada una bienvenida oficial que esperaba.

CUESTA ABAJO EN LA RODADA

El regreso de Pinochet a Chile lo sorprendió con un sistema de medios menos inhibido que antes. A The Clinic, se sumaron nuevas publicaciones que surgieron en ese período y el renacimiento de La Nación en el campo del periodismo. Jóvenes periodistas reemplazaron a los empaquetados conductores de los años 90 en la televisión y la radio se diversificó. Viejas leyes que inhibían la libertad de expresión fueron abolidas y se comenzó a manifestar, con contradicciones y vaivenes, el destape que aún no se producía en la contenida transición chilena. Incluso a la pauta de los medios tradicionales entró aire.

Cosa similar ocurrió en el poder judicial que, haciéndose cargo de la promesa más o menos explícita ante la justicia internacional de juzgar a Pinochet en Chile, permitió que avanzaran causas por violaciones a los derechos humanos que llevaban años estancadas y a considerar la responsabilidad penal del propio Pinochet en los crímenes de sus subalternos. Además, la propia justicia inició un proceso de reforma que la cambió sustancialmente.

El caso caravana de la muerte fue asignado al ministro Juan Guzmán que, aunque en el pasado había estado entre aquellos magistrados que negaban los recursos de amparo, convenció a los familiares de las víctimas de su intención de avanzar sin temor. La primera medida que tomó fue pedir su desafuero para procesarlo por su responsabilidad en el caso caravana.

Siguiendo un patrón similar al de la justicia británica, la Corte Suprema chilena primero concedió el desafuero y luego aceptó el argumento de la inimputabilidad de Pinochet por razones de demencia senil y lo sobreseyó definitivamente, en 2002.

Los Pinochet tuvieron un descanso de poco más de un año de investigaciones judiciales, hasta que, nuevamente por una investigación iniciada en el extranjero (esta vez, en el Congreso de Estados Unidos), se les abrió un flanco que ni aún sus más recalcitrantes opositores imaginaban: lavado de activos y falsificación de documentos en uno de los bancos más prestigiosos de Estados Unidos, el Riggs.

Por azar, una comisión parlamentaria se encontró con las cuentas a nombre de Pinochet, cuando investigaba las operaciones fraudulentas del banco, bajo sospecha de que ocultó dinero para la familia de Bin Laden, tras el atentado a las Torres Gemelas.

La noticia cayó en Chile como una bomba de racimo. Pocos representantes de la derecha, que se habían jugado todo su capital político para traerlo de vuelta de Londres, estuvieron dispuestos a poner el cuerpo para blindarlo de esta nueva clase de acusaciones. Una importante parte de ellos comprendía las violaciones a los derechos humanos como una consecuencia política inevitable del “quiebre democrático” y el daño colateral de las transformaciones económicas que había vivido el país durante su régimen. Pero ¿malversación de fondos? ¿Cuentas millonarias en el extranjero con identidades falsas? Eso les parecía más grave. Importantes empresarios, que habían donado cuantiosas sumas de dinero para su manutención en Londres, se sintieron defraudados.

EN EL LODO DEL CASO RIGGS

En Chile en 2004, se inició un proceso local para investigar el caso. La causa recayó primero en Sergio Muñoz y luego nada menos que en manos del ministro Carlos Cerda, aquel que apenas una década antes, había estado a punto de ser expulsado del Poder Judicial por negarse a aplicar la Ley de Aministía en un caso de violaciones a los derechos humanos.

Cerda investigó con sed de sabueso el patrimonio de Augusto Pinochet y lo comparó con sus haberes. La cuenta incluyó desde sus primeros sueldos como militar, hasta las asignaciones como jefe de Estado, comandante en jefe del Ejército y senador vitalicio. Y sus ingresos no alcanzaban para explicar los 23 millones de dólares que la justicia norteamericana detectó en más de un centenar de cuentas en Estados Unidos y en algunos paraísos fiscales.

Pinochet fue desaforado otra vez y se le practicaron nuevos exámenes médicos. Esta vez, la justicia llegó a la conclusión de que no sufría ningún mal que le impidiera enfrentar las acusaciones y fue procesado junto a los militares y exfuncionarios que lo ayudaron en el ardid para defraudar al Estado y también a su esposa e hijos, como cómplices.

Pinochet, defendido ahora por el leal Pablo Rodríguez Grez (quien asumió el caso probono, a pesar de las noticias de la fortuna de su cliente), presentó recursos de amparo y consiguió la absolución de casi todo el clan, menos la de Pinochet y los militares más directamente involucrados en la operación.

El 10 de diciembre de 2006, el Día Internacional de los Derechos Humanos y cumpleaños de su mujer, Pinochet murió en el Hospital Militar, antes de que se dictaran condenas. En el gobierno, Lagos había sido reemplazado por la primera mujer Presidenta, hija de un general de aviación asesinado en los cuarteles de la Fach tras el golpe de Estado y exprisionera política, junto a su madre, de Villa Grimaldi. Su gobierno no le hizo homenajes oficiales que esperaba la familia y seguidores, y cuyo tenor se había planificado con detalles en la década de los 90, pero miles de personas hicieron fila para pasar junto a su féretro y rendirle honores.

Pinochet no alcanzó a notar la magnitud de la desafección de sus seguidores, pero sí su viuda, que protestaba ante quien quisiera escucharla contra los “malagradecidos” que se habían enriquecido en el gobierno de su marido y que ahora habían abandonado la costumbre de visitarla. Los cumpleaños de Pinochet, el suyo, la ceremonia de los 11 de septiembre y otras efemérides importantes para el sector, los celebraba ahora sola, con sus hijos, cuando estaban en Chile y si no se habían peleado entre sí, y con un grupo cada vez más reducido y delirante de pinochetistas.

EL RENACIMIENTO

En 2010, la derecha volvió al poder en elecciones democráticas, con un discurso alejado del pinochetismo. En 2013, la misa para conmemorar el fallecimiento de Pinochet no tuvo ni siquiera resguardo de Carabineros. Para la cantidad de personas que asistió a la casa de La Dehesa donde aún, ese año, vivía Lucía Hirart, no pareció necesario.

El caso Riggs siguió avanzando y, a pesar de la muerte de Pinochet, logró establecer judicialmente que el dictador malversó fondos fiscales y los ocultó en las cuentas en el extranjero, con nombres falsos o a nombre de sus subalternos.

Lucía Hiriart, en tanto, que había permanecido fuera del escrutinio público, comenzó a ser investigada por irregularidades en el caso Cema Chile, descubiertas precisamente a partir del caso Riggs. Aunque hasta hoy no ha sido condenada por esos hechos, la revelación pública de la forma en que esa institución se convirtió en un coto privado para beneficio suyo y de su familia ahondó la desafección que muchos antiguos seguidores. O al menos así parecía, por la soledad y distancia con que el sector político que antes los defendía ahora los trataba.

Sin embargo, algo imperceptible ha pasado a partir de entonces. Una primera señal provino nuevamente del extranjero, cuando supremacistas blancos aparecieron en actos de apoyo a Trump luciendo poleras con estampados alusivos a la caravana de la muerte, pero en tono celebratorio.

Las mismas poleras comenzaron a confeccionarse en Chile, para consumo de grupos de extrema derecha cada vez más visibles en su apoyo a las políticas de exterminio de opositores que aplicó Pinochet. En el segundo gobierno de Piñera, no ha vuelto a hablar de los cómplices pasivos de la dictadura, en alusión a los civiles que la apoyaron.

El discurso oficial mutó hacia una relativización de las violaciones a los derechos humanos, con la excusa del “contexto”.

En un contexto de amplia libertad de prensa y la multiplicación de medios digitales, el merchandising pinochetista va en alza, junto con la proliferación de grupos nacionalistas o supremacistas chilenos, que han comenzado a manifestarse públicamente y que tienen una activa presencia en redes sociales, el nuevo espacio de debate público del siglo XXI.

El mensaje, que parecía constreñido hace apenas unos años a delirantes seguidores, gana momentum y se valida con las elecciones de Trump en Estados Unidos, y ahora de Jair Bolsonaro en Brasil, sumando a sus planteamientos las causas antifeminista, antiabortista y antiinmigrante. Más personas se han desprendido de la vergüenza de declararse pinochetista y dicen abiertamente que el dictador debió ser aún más duro con sus opositores. Como para ir buscando embajada.