A LA OPINIÓN PÚBLICA

Por María Paz Santibáñez Viani.

Declaración:
El 24 de septiembre de 1987, a los 19 años de edad, fui agredida por el funcionario policial Orlando Tomas Sotomayor Zúñiga, quien dirigía el tránsito frente al Teatro Municipal. En este lugar se desarrollaba una manifestación estudiantil de la que yo formaba parte; se trataba de una manifestación pacífica, carnavalesca, y sobre todo, de una manifestación por la defensa de la Universidad de Chile, que se encontraba amenazada por el rector designado José Federici.
En la manifestación me encontraba haciendo un “rayado”, y en un momento sentí que mi cabeza explotaba. Luego vi el video en que se registraron los hechos, y conocí el relato de testigos presentes; el carabinero, funcionario del estado chileno, en servicio, Orlando Tomás Sotomayor Zúñiga, me había puesto su arma de servicio en la nuca y me había disparado por la espalda y a corta distancia.
Hoy, el Consejo de Defensa del Estado de Chile, intenta enmarcar estos hechos en lo que se conoce como “delito callejero”, desconociendo la responsabilidad de un funcionario policial en servicio. Este guardián del orden público agrede por la espalda a una ciudadana, y se intenta hacernos creer que se trata de un delito común; hay, incluso, un registro visual que muestra claramente las circunstancias en que esto ocurrió, que no eran otras que una manifestación estudiantil con challas, pintura y serpentinas, en plena dictadura, y no una situación de la “vida común”.
El estado chileno, que es responsable de formar a los defensores del orden, no desea asumir las consecuencias de haber encomendado un arma de servicio a un funcionario irresponsable.
Este funcionario policial se encuentra en servicio activo. Las cortes militares lo declararon culpable del “cuasi delito de lesiones graves” siete años después de ocurridos los hechos; en los informes del fiscal instructor se precisa claramente que el confesó su culpabilidad, y que “en una persona que desconoce el uso de las armas puede aceptarse que tal actuar sea mero incidente, pero para quien se desempeña habitualmente con ellas es exigible el máximo de diligencia en su uso, y quien toma a una persona por la fuerza sosteniendo un arma en su mano, en este caso un revolver, que con un mínimo esfuerzo se dispara, le era exigible una conducta mas diligente y es por ello que este Tribunal sostiene que no estamos ante un caso fortuito, sino en una situación caracterizada por un actuar imprudente del funcionario policial”. Su pena fue de dos meses firmando un libro. El policía trabaja en Carabineros de Chile.
Hace quince años de estos hechos, un proceso demasiado largo.
La Corte de Apelaciones llamó a las partes para una conciliación el viernes 25 de octubre. Si bien los montos involucrados no responden en nada a los gastos reales que he debido solventar a raíz de este atentado, para mi el tema no es de dinero sino de justicia, y de reconocimiento de responsabilidades; hice un esfuerzo por aceptar este acuerdo, para poner fin de una vez por todas a este traumático proceso. Quince años en que he debido rehacer mi vida, que en ese entonces estaba muy bien proyectada: me quedaban tres años de estudios para obtener mi licencia como pianista, recién pude finalizar mis estudios siete años más tarde, con muchísimas dificultades, y habiendo debido asumir una parálisis de parte de mi cuerpo por la perdida de masa encefálica; a fuerza de una voluntad de fierro y de mi vocación como pianista, que me acompaña desde los 4 años, logré crear un canal cerebral que me ha permitido recuperar la movilidad del costado izquierdo de mi cuerpo, y hoy día soy nuevamente pianista. Las marcas “visibles” son las del disparo, dos agujeros de 10 y 3 cm. de diámetro en mi cabeza, los que debo proteger, pues no tengo un hueso que cubra esta parte de mi cabeza. Debo decir que en ese entonces era ambidextra, ya no lo soy, tocaba muy bien la guitarra y ya no lo logro, no puedo correr o bajar rápidamente una escalera, pues mi coordinación no es normal.
Esto no tiene precio, no hay compensación posible por los años perdidos, por ser profesional años mas tarde que el promedio de los pianistas, por los tratamientos médicos y sociológicos, o por los años de estudios que debí cancelar extra, o por el hecho de ser madre de un niño que sufrió las consecuencias de este atentado; afortunadamente mi hijo está hecho de mi misma madera, por lo que hoy día está bien, marcado por esta historia, pero sano, brillantemente inteligente a pesar haber tenido problemas gravísimos al nacer, y de haber debido tratarse con reconstituyentes cerebrales hasta su primer año de vida.
Casi cruelmente, debí presentar testigos, informes psiquiátricos y pruebas de estos daños, para entregar “pruebas” en la demanda por daños y perjuicios que mantengo hace 8 años. A pesar de la evidencia, del daño en si mismo, he debido someterme a “reconstituciones” , recuentos y testimonios, en circunstancias que mi posición es de víctima; lo mas duro es que esto sucede en “democracia”, y que debo presentar pruebas ante nuevos victimarios; otro de los argumentos del Consejo de Defensa del Estado para no finalizar este proceso: la demanda fue presentada fuera de los plazos que establece la ley. Sin culpable, ¿a quién demandar? ¡El carabinero fue declarado culpable siete años después de ocurridos los hechos!
¿Cuánto vale esto? ¿Cuál es el rol del estado? Cuidar su dinero o defender la dignidad propia y la de sus ciudadanos que, entre otras cosas, y en mi caso particular, muestran un valor que debería, mas bien, ser reconocido, por lo menos con la actitud de asumir las faltas que ese estado ha cometido, aunque sean de otro período de la historia, pero que deben ser asumidas por este estado. Me da vergüenza decir que enfrento al estado chileno en un proceso por daños y perjuicios, sin contar siquiera con la deferencia de este reconocimiento, lo que es vergonzoso, por lo menos. Para mi, este no es un consejo que defienda los intereses del estado, pues yo soy parte de ese estado, soy ciudadana.
Quince años es demasiado, no hay respuesta, y mientras tanto debo asumir todo con mis medios personales. Tengo una satisfacción: Creo que he logrado, poco a poco, reconstruir mi vida, lo que no es fácil ni gratis, solo me falta terminar con esto, para intentar sanar esta herida que aun esta abierta, que aún me da pesadillas, que aún gatilla el horror y el miedo, que no ha llegado al punto de la justicia con mayúsculas.
Por otro lado, no es de extrañar que este tipo de situaciones se sigan produciendo, basta con saber que Orlando Tomas Sotomayor Zúñiga, mi agresor, sigue en la institución de Carabineros, como si nada hubiese pasado, y sólo debió molestarse con ir a firmar durante dos meses por el grave delito de no haberme matado por casualidad, y por milagro. Creo que esto significa que el fue premiado por esta acción, entonces no hay que extrañarse de que otros policías busquen ser premiados por agredir a gente inocente. ¿Quién nos defiende de estas situaciones ? De existir la Justicia, con mayúsculas, esto ya habría terminado.

París, octubre 31 de 2002