Un país forjado a golpes

Por Mauricio Weibel Barahona
The Clinic nació cuando Chile comenzaba a deambular inconsciente hacia el fin de su extenuante transición a la democracia. Un camino que aún hoy no tiene un destino conocido. Una travesía matizada por golpes periodísticos que ayudaron a los chilenos a perderle -en parte- el respeto a un poder que fingía ser inmaculado, intocable.

Es mentira. Todo, todo es mentira.

Gema Bueno, quien involucró falsamente a políticos en una red de pedofilia ligada a las orgías sadomasoquistas del empresario Claudio Spiniak, quiso zafar de diez meses de falsos testimonios y admitió sus pecados a The Clinic.

Me pasé por la raja a todo Chile -admitió en aquella entrevista realizada en 2004 en el barrio Yungay de Santiago, cuando el juez Sergio Muñoz, hoy en la Corte Suprema, ya dudaba de sus acusaciones, plagadas de detalles tan reales como inverosímiles.

La confesión de esta madre soltera, por entonces de veintiún años, fue el primer golpe periodístico de este medio, escrito por el periodista Pablo Vergara.

Los senadores Jovino Novoa, de la Unión Demócrata Independiente, y Nelson Ávila, del Partido por la Democracia, quedaron desde ese día liberados de las sospechas que los rondaban.

No existían los golpes, las amputaciones de pezones, ni las violaciones denunciadas, dijo Gema Bueno. Tampoco «Margarita», la niña mapuche a quien supuestamente abusaban y drogaban en la casa de Spiniak.

Lo hice por amor -se justificó la joven ante The Clinic, admitiendo su atracción por el sacerdote José Luis Artiagoitía, a quien acusó de inducirla a falsear su testimonio ante los tribunales y la prensa.

Las mentiras, que comenzaron en noviembre de 2003 con una polémica entrevista con el rostro cubierto en Canal 13, fueron quizá el primer cuestionamiento ético de gran resonancia pública en el siglo XXI a miembros de la élite política, en un país dominado por los discursos oficiales.

Por cierto, toda la crítica fue tan frustrada como bizarra, apenas un simulacro de periodismo.

Todo fue una mentira. Desde el día que nací -agregó Gema Bueno, al final condenada en 2006 por falso testimonio, cuando los chilenos aún soñaban que su país era impoluto, sin asomo de corrupción.

Cuando el encarcelamiento de violadores de derechos humanos aún parecía un imposible, sobre todo en un país en una extensa transición a la democracia.

 

«LA DINA NO SE MANEJABA SOLA»

El 9 de diciembre de 2004, sólo días después de que el comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, asumiera la responsabilidad de su institución en los crímenes de lesa humanidad ocurrridos en dictadura, el general en retiro Manuel Contreras concedió a The Clinic su última entrevista en libertad, casi desafiando al jefe castrense.

El militar estaba gordo y caminaba con lentitud por su casa.

– La gente de la derecha debiera salir al frente y decir ‘paremos el cuento, nosotros también estuvimos en esto’ -reclamó en esa ocasión el jefe represivo, fallecido el 7 de agosto de 2015, prisionero y condenado en más de un centenar de causas.

El «Mamo», acusado de centenares de asesinatos, luego criticó la fortuna amasada por el general Augusto Pinochet, su antiguo jefe y camarada de armas.

«Yo no salgo de vacaciones. Y no tengo casa en la playa, porque no poseo cuenta en el Banco Riggs», ironizó ante el periodista Juan Andrés Guzman, responsable de aquella exclusiva de The Clinic.

La detención de Pinochet en Londres, la crítica de Cheyre a los crímenes de lesa humanidad y el encarcelamiento de Contreras, otrora un uniformado que logró eludir hasta a la Justicia de Estados Unidos, abrieron lentamente paso al encarcelamiento masivo -e impensado hasta entonces- de ciento ochenta militares involucrados en asesinatos y desapariciones.

Otra vez la realidad comenzó a correr sus fronteras, aunque el general Pinochet jamás fuera condenado por los crímenes cometidos bajo su régimen (1973-1990).

Chile, en medio de esos cambios, estaba a punto de vivir impensadas transformaciones políticas y sociales. Y  nuevas revelaciones en derechos humanos.

 

LA MÁQUINA DE HACER OBREROS

En agosto de 2005, meses antes de la «Revolución Pingüina», la primera gran revuelta de estudiantes secundarios en veinte años, el periodista Javier Rebolledo denunció justamente en las páginas de The Clinic los abusos de la Confederación de la Producción y el Comercio en la administración de colegios subvencionados.

«Los 60.000 niños que trabajan para la CPC», tituló el medio en su portada. El reportaje, tras calificar los hechos como «un negocio perfecto», acusó que las ramas de la patronal percibían unos veinte mil millones de pesos anuales para la administración de setenta liceos, pero que sólo invertían un monto marginal de ellos.

«La Sociedad de Fomento Fabril, que recibe dos mil trescientos millones de pesos del fisco por sus cinco establecimientos, invierte apenas el 0,5 por ciento en infraestructura, unos trece millones de pesos», reveló la pesquisa.

Rebolledo, autor de El despertar de los cuervos, desnudó luego que las empresas afiliadas a estas ramas empresariales utilizaban a los escolares en sus procesos productivos, sin remunerarlos.

«La CPC ha logrado que estos chicos, incluso, paguen para trabajar», denunció el artículo, en la antesala de las primeras revueltas estudiantiles del siglo XXI.

Unos meses después, el universitario Germán Ramos robó cincuenta y dos millones de un banco del sureño pueblo de Cholguán para pagar sus estudios. El lucro en la educación asomaba en el horizonte.

EL CIRUJANO DEL SARÍN

En 2006, en medio de las marchas de secundarios por la Alameda, el juez Alejandro Madrid viajó sigilosamente a Estados Unidos, para interrogar a Michael Townley, ex agente de la DINA, como parte de las pesquisas por la muerte del presidente Eduardo Frei (1964-1970).

La periodista Mónica González, actual directora de Ciper, desnudó paso a paso el crimen en las páginas de The Clinic.

«Un selecto grupo de médicos chilenos debe vivir horas de terror», consignó la periodista ante la confirmación de que varios facultativos participaron del magnicidio ocurrido en 1983, luego que el mandatario se operara en la clínica Santa María.

El reportaje, tras identificar a los hombres que espiaban a Frei en esos meses, entre ellos su propio chofer, develó las operaciones de la dictadura con armas químicas, en especial gas sarín y toxinas botulímicas, traídas desde Brasil.

Los nombres de los médicos Pedro Valdivia, Patricio Rojas, Rodrigo Vélez y Patricio Silva  asomaron como sospechosos en el reportaje. También todas las irregularidades cometidas en la clínica Santa María, donde fue ultimado el mandatario, según apunta hoy la Justicia.

Las pesquisas judiciales, reseñadas ya ese año, debieron esperar más de una década para acercarse al cierre del sumario, en medio hoy del cuestionamiento al subsecretario de Salud, Luis Castillo, quien es sindicado por haber supuestamente obstruido la investigación judicial, ocultando la existencia de una autopsia secreta en la clínica Universidad Católica, según Carmen Frei, hija del ex gobernante.

 

UNA CIUDAD SIN TRANSPORTE

El debut en 2007 del Transantiago, como nuevo modelo de transportes capitalino, enfrentó a millones de santiaguinos a severos problemas de movilización. La ciudad colapsó.

La escasez de buses y la falta de recorridos, incluso, derrumbaron el apoyo al primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), en medio de la mayor crisis en el diseño de una política pública, desde la recuperación de la democracia en 1990.

«El sistema de control de flota y los GPS son otro punto de frustración entre los operadores del sistema de incertidumbre para las autoridades», sostuvo la premiada periodista Alejandra Matus, en un reportaje para The Clinic que reveló una serie de documentos secretos que detallaban las falencias del nuevo sistema.

La documentación develada apuntaba responsabilidades a Andrés Navarro, dueño de Sonda, empresa a cargo del soporte tecnológico de Transantiago.

Y ya anticipaban que la evasión sería un problema estructural de la iniciativa, como ocurrió los próximos años.

 

UNA NUEVA DÉCADA, OTRA SOCIEDAD

La expansión del sida, los femicidios, los primeros asomos de corrupción uniformada y las voces censuradas del conflicto mapuche, como la de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco, asomaron hacia fines del primer decenio del siglo XXI en The Clinic.

Quizá como un reflejo de un país que avanzó con resistencia hacia una mayor tolerancia colectiva, expresada en las leyes contra la discriminación o el paulatino reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI.

Irregularidades en la compra de aviones Mirage en la Fuera Aérea o participación de policías en fiestas pedófilas fueron denunciadas por The Clinic.

También surgieron los primeros reportajes sobre el uso de información privilegiada en grandes operaciones bursátiles como la venta en 2008 de D&S, empresa dueña de Líder, al gigante supermercadista estadounidense Walmart.

Era una de las primeras señales de las fallas que advendrían en la libre competencia de la mano de colusiones en los mercados, entre otros, de las farmacias, el papel higiénico y los pollos, en medio de todo tipo de acciones mercantiles en los bordes de la legalidad.

 

KARADIMA

En julio de 2010, The Clinic reveló las redes eclesiales del padre Fernando Karadima, acusado de abusar de menores que frecuentaban la parroquia de El  Bosque, en uno de los barrios mas acomodados de Santiago.

«El escándalo amenaza con extenderse a toda la Iglesia católica», advirtió en su texto el periodista Pablo Vergara, quien reveló los lazos de cinco obispos con el sacerdote, los hoy renunciados religiosos Andrés Arteaga, Juan Barros, Felipe Bacarreza, Tomislav Koljatic y Horacio Valenzuela.

Luego vinieron las revelaciones sobre la acción de los cardenales Ricardo Ezzati y Francisco Javier Errázuriz en diversos casos de abuso sexual en la Iglesia católica, en especial en torno al padre Karadima como revelaron diversas cartas privadas entre estos religiosos y los hobres acusados, y a las que accedió The Clinic.

“Agradezcámoles al Señor que hayan concluido las indagaciones del fiscal Xavier Armendáriz, que eran filtradas a la prensa por terceros, dañando el buen nombre de tantas personas”, escribió Errázuriz a Karadima en julio de 2010.

Errázuriz se refería a la decisión del ex fiscal de declararse incompetente en la indagatoria debido a que los hechos investigados eran previos a junio de 2005, fecha en la que había entrado en vigencia el nuevo Sistema Procesal Penal.

En la misma misiva, el cardenal además le reitera el tema de su retiro. “Examinando las cartas que aún no he respondido, me doy cuenta que entre ellas se encuentra también la suya de fecha 23 de junio, en la cual me manifiesta que acoge la invitación que le hice a ejercer el ministerio de modo privado y no público, mientras dure el proceso judicial que suele impulsar la Santa Sede en estas situaciones”.

La crisis de la élite comenzaba a desbordarse.

 

LAS PLATAS POLÍTICAS

Al igual que en el caso Spiniak, la información que estalló en 2015 fue un éxocet para la UDI y encendió las alarmas en el piñerismo. Luego hirió las huestes de la centroizquierda.

Justo cuando la presión mediática por el caso Penta comenzaba a disminuir y la UDI buscaba poner en agenda su oposición a la Reforma Educacional, los drigentes de esa colectividad recibieron la información extraoficial de que otro militante del partido, el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, estaba siendo vinculado al escándalo político financiero.

Era octubre de 2014 y la suerte de Wagner, un ex chico de clase media que logró encumbrarse en los negocios y la política, parecía tambalearse ante las indagaciones del fiscal Carlos Gajardo, reveló un articulo de los periodistas Ivonne Toro y Jorge Molina.

El subsecretario, como se confirmó después, había recibido, mientras ejercía su cargo, pagos por millones de pesos a modo de indemnización.

Pero su caso no era el único, como reveló la masiva exstencia de pagos a políticos y asesores de estos desde una variedad de empresas, en especial SQM, la poderosa minera especializad en la explotación de litio en Chile.

 

PEÑAILILLO

Pero la crisis del financiamiento irregular de la política era transversal y un reportaje de The Clinic terminó sellando el destino político del ministro del Interior de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo.

El reportaje, firmado por Ivonne Toro y Pablo Basadre, estableció que con fecha 31 de enero, 29 de febrero, 30 de marzo y 4 de mayo del año 2012, el extitular de Interior entregó boletas por un monto de cuatro millones de pesos a la empresa Asesorías y Negocios SpA de Giorgio Martelli, la que a su vez facturó a SQM Salar, filial de Soquimich.

La información y los documentos revelados por The Clinic confirmaron el estrecho vínculo del entonces jefe de gabinete con Giorgio Martelli, quien era la persona designada para recaudar fondos para la campaña de la Presidenta en la minera.

Conocidos los antecedentes, Peñailillo, hasta entonces hombre de confianza de Bachelet, evitó referirse al caso. Luego defendió su derecho a trabajar y aseguró que los pagos estaban relacionados  a trabajos realizados. Casi nadie le creyó.

Su caída, en medio de la desconfianza general, estaba marcada. “No puede seguir dando explicaciones en la plaza”, dijo incluso el diputado socialista Osvaldo Andrade.

Luego, otro reportaje de The Clinic, reveló que Rodrigo Peñailillo junto al otrora administrador de La Moneda, Cristián Riquelme y al exasesor de Interior Flavio Candia, adquirieron un predio en la zona precordillerana de la comuna de Peñalolén.

Para la compra los amigos pidieron un crédito conjunto por cerca de trescientos millones de pesos y entregaron ochenta y siete millones en efectivo.

En la época, como recordó The Clinic, los mencionados profesionales  trabajaban en la precampaña de la Presidenta Bachelet.

“¿Desde cuándo es una falta trabajar profesionalmente y pagar los tributos?”, preguntó Peñailillo a los medios de comunicación, en medio de una gira por Copiapó.

“Esta situación y el tratamiento que se le da tiene un límite. Aquí lamentablemente se ha cruzado un límite y el daño que se le hace a la honra de las personas después nadie lo repara”, recalcó.

 

MILICOGATE Y PACOGATE

En agosto de 2015, en medio de la crisis por el financiamiento de la política, The Clinic destapó la existencia de un millonario fraude en el Ejército con fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, a través del pago de cientos de facturas falsas por miles de millones de pesos.

El llamado caso «Milicogate», que obligó a una revisión externa de las cuentas de esta rama castrense por primera vez en su historia, arrastró a decenas de oficiales y suboficiales a la Justicia, incluido el cabo Juan Carlos Cruz, quien apostó dos mil trescientos millones de pesos en los tragamonedas del casino Monticello, ubicado en la salida sur de Santiago.

«Le perdí el sentido al dinero», confesó este suboficial cuando tres agentes de la PDI le preguntaron por sus excesos, financiados con fondos sustraídos a la Ley Reservada del Cobre, según la Justica.

«Los generales se gastaron la plata en casinos, propiedades, caballos y fiestas», agregó en tanto el coronel Clovis Montero en una entrevista por escrito concedida a The Clinic desde su lugar de reclusión, en el Regimiento de Telecomunicaciones, en Peñalolén.

La investigación judicial respectiva, que derivó en una veintena de aristas, arrastró este mes al jefe del Estado Mayor del Ejército, John Griffiths, quien fue procesado por fraude al fisco, por apropiarse supuestamente de unos cuarenta y cuatro millones de pesos, asociados al gasto en tres viajes de avión pagados en exceso y desviados a su cuenta corriente, según la imputación del tribunal.

Los reportajes sobre la corrupción militar, en medio de la infructuosa demanda de la Justicia Militar para que The Clinic revelara sus fuentes, constituyó la antesala del llamado «Pacogate», el caso que desnudó un masivo fraude en Carabineros, con fondos provenientes del área de finanzas y remuneraciones.

Los trabajos de los periodistas Ivonne Toro y Pablo Basadre ahondaron en este último caso, en especial en el destino de los fondos reservados de la policía uniformada, revelaciones que indujeron a la Fiscalía a investigar a estos reporteros, para intentar descubrir sus fuentes.

Al final de veinte años, Chile seguía caminando, a golpes, por la democracia.